Por una Ley transformadora
[Educación Superior] Vigente desde 1995, la Ley de Educación Superior Nº 24.521 rige los destinos de instituciones de educación superior universitaria y no universitaria. En 2015, se modificaron algunos artículos para asegurar la gratuidad y el financiamiento del sistema, pero sin cambios estructurales. A 26 años de su aprobación, urge una nueva ley que se adecue a la nueva realidad.
Por Susana Roldán
Ilustración: Charly Fernández
Durante el inicio del período 2021 de sesiones en el Congreso de la Nación, el propio presidente Alberto Fernández se comprometió a convocar a todos los sectores para trabajar en una nueva Ley de Educación Superior (LES) y asegurar el financiamiento educativo. “Hay que recuperar la épica educativa”, dijo, replicando un concepto que utiliza cada vez que se refiere al tema.
Pero recuperar la épica educativa, en el caso de la educación superior, supone mucho más que sólo una nueva ley. Implica “cambiar la cabeza” y los modos de pensar sobre la función del sistema universitario y no universitario de nivel superior, en un contexto que no ha sido el tradicionalmente considerado. Al decir de Francisco “Teté” Romero, ex ministro de Educación de Chaco e impulsor del debate sobre la LES, “hay un epistemicidio en cuanto a los saberes y conocimientos profundos de nuestra América Latina. Y no se puede construir una ley sin alma. Y el alma tiene que ser un anclaje en lo que Boaventura de Souza Santos llama ‘las epistemologías del Sur’. Lo que Kuhn llama la pedagogía del estar siendo, con pedagogías nuestras”.
¿Por dónde arrancar, entonces? Sin duda, por la reflexión y el debate. Esa fue la razón de ser de los cabildos abiertos que se realizaron en las diferentes regiones del país y en los que San Juan estuvo presente, con una activa participación de los estudiantes, intelectuales de la talla de Luis Garcés y representantes gremiales del sector docente. Y el recuerdo imborrable de Mónica Coca, quien alentó desde siempre la elaboración de una ley transformadora.
Lo que sigue son opiniones acerca de la necesidad de una nueva LES y los principales aspectos a modificar.
Tadeo Berenguer (FI): “Deconstruir la naturalización de las desigualdades”
Es necesario contar con una nueva normativa que responda a las necesidades y desafíos de la sociedad argentina del Siglo XXI y los cambios que es necesario pensar y definir en relación a la legislación actual, en términos de concebir la integralidad de un sistema de educación superior y las vinculaciones claves entre educación, ciencia y tecnología para el desarrollo local, nacional y regional. Creo que es importante revelar y deconstruir la naturalización de las desigualdades en ES, demoler mitos y meritocracias salvajes es parte de una educación soberana sólo construible en un país soberano y más igualitario. Pensar y diseñar una educación más igualitaria no sólo se construye en las aulas sino en la realidad del conjunto social del país, pero las aulas tienen mucho para ayudar en este desafío de nuestros pueblos. Concebimos a la ES como un derecho social, por eso tenemos que mirar a los nuevos sujetos a los que está destinada. Es necesario observar cuáles son y cómo son los factores económicos, sociales y culturales que moldean y predominan en la identidad de estos sujetos. Hay que reflexionar y dejar aportes sobre este punto, para que en todo lo que se proponga en el debate de una nueva Ley de Educación Superior, exista una correlación directa con las necesidades y demandas de las y los jóvenes de hoy en día”.
Rodolfo Bloch (FCEFN): “Mejorar la gobernabilidad del sistema”
La actual LES fue sancionada en el contexto neoliberal del menemismo, intentando mercantilizar la Educación Superior. La fuerte resistencia de las UUNN lo impidió casi totalmente y la sanción de la Ley Puiggrós en 2015 salvaguardó la posibilidad de la introducción de mecanismos de mercado, al asegurar la gratuidad, el ingreso irrestricto, la responsabilidad indelegable del Estado y la declaración de bien público, derecho humano, personal y social. Esto debe permanecer en una nueva LES y, entre otras cosas, contemplar que hay que mejorar la gobernabilidad del sistema, especificando claramente funciones de los distintos Consejos, CU, CIN, CRP, CPRES o los que los reemplacen. Creo necesario avanzar sobre la fragmentación del Sistema, redefiniendo las relaciones entre Autonomía Institucional y Estado y articular la interconexión entre la ES universitaria y no universitaria, estableciendo vínculos institucionales interjurisdiccionales. Hay que atender a la nueva y explosiva realidad del sistema y legislar sobre políticas de ingreso, permanencia y egreso, propiciando la inclusión. Y algo que considero muy importante es establecer marcos legales para la educación virtual, garantizando derechos a la conectividad.
Rosa Garbarino (FFHA): “Asegurar la ES con financiamiento educativo acorde”
La LES vigente data de una sociedad argentina y de un modelo político económico donde la educación en general no era concebida como un derecho y menos aún la ES. Al mismo tiempo, la transformación de la ciencia y la tecnología, sobre todo en materia de comunicación, hacen que la LES actual no encaje en la sociedad en la que vivimos. La pandemia, que ha dejado en claro las desigualdades existentes entre quienes sí hicieron inversión en salud y en ciencia y quienes no lo hicieron, pone en debate la necesidad de otros modelos de educación que incluyan, por ejemplo, a la virtualidad. Nada de esto está contemplado en la LES, lo que impone una urgente revisión de su contenido. Por otra parte, es fundamental que una nueva LES sea acompañada de una Ley de Financiamiento Educativo, que contemple todos estos nuevos desafíos. La única manera de asegurar la igualdad en el acceso a la virtualidad es otorgar los fondos necesarios, y eso se logra mediante una legislación específica. En cuanto a la pedagogía, también es preciso replantear el perfil de los egresados y egresadas que respondan a la profunda transformación que experimenta la sociedad y a partir de allí, definir nuevos modos de hacer, sobre todo cuando se considera la “formación de formadores”. Y, por último, incluir en la nueva LES declaraciones que no pueden faltar: la interculturalidad, en lo que refiere a nuestros pueblos originarios; la inclusión real y efectiva para estudiantes con discapacidad, y la perspectiva de género, asegurando la presencia y participación de todas y todos.
Raúl García (FACSO): “Sostener el principio de la educación como derecho”
Considero conveniente la sanción de una nueva LES, por cuánto es menester adecuarla a contextos actuales, a los nuevos escenarios sociales, culturales, políticos, económicos etc. También creo que es necesario concebir la ES como un sistema que contemple la participación de todos los actores que integran dicho sistema, donde esté claramente definida la función, la misión y la articulación de ellos. Es necesario una nueva LES que incluya nuevos paradigmas que sostengan por ejemplo a la educación como un derecho y no como un servicio, ya que este principio es fundamental. Considero que el sistema educativo debe ser parte integrante de un modelo de país que tenga como norte la inclusión, el desarrollo sostenido y sustentable de toda la comunidad. Claramente, la ley vigente fue aprobada en otro contexto y otro modelo de país, por lo que considero imprescindible revisar los principios, valores y doctrinas que inspiraron la legislación vigente y sustituirlos por la universidad que queremos para el país que queremos.
Roberto Gómez (FAUD): “Una ley para el desarrollo integral del país”
La actual LES requiere actualización de acuerdo a los nuevos escenarios que se plantean y la conceptualización de nuevos criterios que deben regir a la ES; si bien hubo una modificación a través de la Ley Puiggrós (2015) que precisó claramente la responsabilidad ineludible del Estado en el sostenimiento de la ES, garantizando la igualdad de oportunidades, promoviendo políticas de inclusión y afirmando la gratuidad de enseñanza. Pero, fundamentalmente, dejar asentado que la educación es un derecho humano y no un servicio lucrativo. El sistema de ES debe producir los conocimientos imprescindibles para el desarrollo integral de la Argentina capaz de transformar nuestra matriz productiva, concebido desde la perspectiva ambiental, promoviendo mecanismos que articule la comunidad universitaria y las organizaciones sindicales y sociales en la definición y planificación del conocimiento. Articular políticas públicas de investigación, desarrollo e innovación que permitan dar respuesta a las necesidades estructurales de la región. Hay que definir una norma que no sólo sea para las universidades, sino que considere la articulación con todo el sistema educativo, estimulando el reconocimiento de los trayectos curriculares y la formación continua. Pensada con un carácter federal, involucrando a las universidades públicas en los problemas de su territorio. Considerar el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje y propugnar la desburocratización de los procesos de reconocimiento de títulos y alentar la movilidad estudiantil.
Ana Naranjo (EUCS): “El conocimiento como instrumento de desarrollo”
La sociedad actual genera la necesidad de una LES que se adapte a sus complejidades y desafíos. Que entienda a la universidad como un potencial en donde el conocimiento no sea un objetivo en sí mismo sino un instrumento para el desarrollo de la comunidad. Se debe modificar el concepto de “extensión universitaria”, que debe dejar de ser una actividad derivada secundariamente de las tareas que se consideran primarias en la universidad: asumida como un aspecto inseparable del conjunto del quehacer universitario. Impulsar la sustitución de los programas especiales como el Programa de Incentivos a la Investigación, por una política integral que cuente con adecuado financiamiento de parte del Estado nacional, con lineamientos prioritarios que sean orientaciones para la determinación de la formación de grado, el perfil de graduados requerido en las áreas correspondientes, la creación de carreras de grado y posgrado, y de unidades académicas, y la adecuada articulación con “extensión”. Adaptar el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal de la universidad a los Convenios Colectivos de docentes y nodocentes. Eliminar toda forma de precarización laboral y garantizar el derecho a la libre sindicalización. También garantizar la equidad de género y contemplar los derechos de las personas con capacidades diferentes. Incorporar a la ley la modalidad de educación a distancia y/o bimodal, ya que la actual pandemia generó la utilización de elementos de esta nueva modalidad.
Por un modelo de soberanía científica
Para Francisco Romero, ex ministro de Educación de Chaco e impulsor de los Cabildos Abiertos donde se reflexionó sobre una nueva LES, el eje pasa por “discutir a la ES como un derecho; hay que discutir la pedagogía, para que no solamente se abran las puertas de la ES a aquellos sectores sociales para quienes no estaba pensada, no solo para facilitarles el ingreso, sino también la permanencia y el egreso en tiempo razonable. Al mismo tiempo, hay que discutir el valor estratégico de la ciencia, la investigación y la tecnología, la planificación de las carreras conforme al mapa federal productivo industrial del país. Necesitamos un debate muy importante al interior de toda la sociedad argentina para discutir la relación del modelo de soberanía científico, tecnológico, cultural y educativo y el proyecto de país”.
Categórico, Romero explica que “los contenidos de la ES todavía están fuertemente colonizados por un pensamiento neoliberal. Si nosotros no descolonizamos esos contenidos, puede suceder que los profesionales que se formen tengan un modelo mercantil de su profesión. Y nosotros necesitamos que se piense en los grandes desafíos del país. Hay que resolver condiciones materiales, sí, pero también las condiciones simbólicas de las representaciones”.
“Aún en los mejores momentos –dice- nuestro modelo de sustitución de importaciones es dependiente de piezas y elementos que tenemos que importar y requieren muchos dólares. Lo que producimos aquí tiene bajo valor agregado. Necesitamos una ciencia y una tecnología que contribuya a la transformación del modelo industrial y productivo”.
La palabra de los estudiantes
La Federación de Estudiantes comenzó a trabajar en los Cabildos Abiertos desde mediados de 2020, impulsados por la entonces vicerrectora Mónica Coca. “La finalidad era hacer el aporte de los estudiantes a quienes iban a debatir un proyecto de nueva LES, junto con los docentes y no docentes, que también participaron”, cuenta Florencia Ficcardi, presidenta de la FUSJ.
“Fue muy importante sumarnos –dice- porque somos actores fundamentales del sistema universitario y porque cuando la ciudadanía está presente en los debates, se logran construcciones más sólidas. Se hizo una convocatoria abierta a todas las agrupaciones, cada una hizo su aporte a la discusión y se elaboró una propuesta. Nosotros agregamos un eje, que era discutir cuál era el sujeto de derecho de la LES, es decir el actor estudiantil actual, con todos sus matices y atravesados por la cuestión de la virtualidad y del trabajo. Por otro lado, desde San Juan propusimos contemplar la necesidad de una Paritaria Estudiantil, poniendo a disposición nuestro proyecto”.
Por su parte, desde el espacio IDEAS, expresan que “cuando nos sentamos a reflexionar con nuestros compañeros y compañeras sobre la realidad universitaria de nuestra provincia, y de la Argentina en general, no podemos dejar de lado la deuda histórica que tenemos con la Ley de Educación Superior Nº 24.521. Su promulgación, que data de la década del ‘90 refleja una sociedad argentina muy diferente a la actual. Nos siguieron después años de grandes avances en materia educativa, y universitaria más aún, pero la ley fue la misma. Las y los estudiantes entendemos que este marco legal, que continúa vigente a pesar de las modificaciones que le fueron agregadas, no se ajusta al contexto social que atravesamos, y en mayor profundidad si lo abordamos en medio de una pandemia. Creemos necesaria la democratización de la discusión, exigimos una reforma de la ley, que sea discutida en todo el país, en todas las universidades y por todos los agentes educativos: facultades, rectores, decanos, docentes egresados y, sin lugar a dudas, la reivindicación de la participación estudiantil”.
Esta nota se publicó con la edición Nº46 de octubre/73, año VIII. Abril de 2021