El ajuste en las universidades públicas

[POLÍTICA ECONÓMICA] El siguiente texto es un extracto de los tópicos sobre los que se encuentran trabajando rectores de universidades nacionales para reflexionar sobre el ajuste que afecta al sector con cifras concretas.

 

Si bien las situaciones por las que atraviesan las universidades públicas son diversas, todas ellas se dan dentro de un escenario local conocido por todos, en una situación de restricción generalizada y grave desfinanciamiento, como vienen expresando las resoluciones de los Consejos Superiores. El ajuste sobre el sistema universitario se explica centralmente a partir de tres factores:

-La devaluación. Desde mediados de diciembre a la actualidad la devaluación del peso supera el 50%. Es evidente que las metas de inflación (15,7%) y el valor del dólar (19,30 pesos) aprobados en la ley de Presupuesto 2018 quedaron muy lejos de la realidad. Por esta razón, una parte del ajuste ocurre por efecto del traslado del valor del dólar a determinados precios. Por caso, el aumento y dolarización de las tarifas de servicios, de los alquileres, de los combustibles y de diversos insumos con componentes importados (en general equipamientos y elementos tecnológico y de laboratorios para distintos campos de la ciencia).

-La inflación. A la demora en el envío de determinadas partidas presupuestarias debe sumarse la inflación y, con ella, su traslado al precio de los bienes que las universidades utilizan para su funcionamiento diario. Inflación que deteriora los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, impactando sobre la calidad universitaria. Con una inflación acumulada al mes de julio del 19.6% y una anualizada que se estima en por lo menos 32%, el monto que ofreció el gobierno recientemente a los docentes universitarios fue razonablemente desestimado: 15% en tres tramos de 5% en mayo, 4% en agosto y 6% en octubre. De consolidarse la propuesta del gobierno, los docentes universitarios perderían entre 2016 y 2018 un 18,5%. En relación con los trabajadores nodocentes y ante el pedido de reapertura de paritarias, la respuesta del gobierno fue adelantar a septiembre la última cuota de aumento salarial prevista para noviembre, para volver a reunirse en octubre “en el caso de que se registren índices inflacionarios que ameriten dicha revisión”. Aunque la parte sindical aceptó esta propuesta, es evidente que se está lejos todavía de resolver el problema de fondo.

La falta de una política salarial clara de cara a la discusión del presupuesto 2019 aumenta el margen de discrecionalidad. En el proyecto de presupuesto elevado por el Consejo Interuniversitario Nacional a la Secretaría de Políticas Universitarias, se estimó la partida salarial con un piso del 15%. El presupuesto en su conjunto para todo el sistema universitario sería, de esta manera, de unos $133.345.751.852, lo que representa un incremento nominal respecto del 2018 del 28%. En relación con la partida de salarios, se hizo la aclaración de que el 15% resulta insuficiente. Ahora bien, si los aumentos salariales deben compensar la pérdida del poder adquisitivo causado por la inflación, estimándose la misma en 32%, entonces el presupuesto debiera incrementarse hasta un total de algo más de $151.000 millones de pesos.

-La subejecución y el recorte de programas. La tercera cuestión relativa al ajuste se vincula con la subejecución del presupuesto. Al 30 de junio en el componente de gastos de funcionamiento no se enviaron a las universidades nacionales 2.348 millones de pesos. Simultáneamente, y en lo que atañe a los programas de distintos ministerios para universidades nacionales, sólo se ejecutaron 376 millones sobre un total de 5.700 millones de pesos, lo que equivale al 7,1%. La subejecución y el recorte de programas específicos impacta en todo el sistema universitario, afectando de manera particular a las universidades que se encuentran con dificultades edilicias y de infraestructura.

Para comprender el tamaño del ajuste que se está tratando de imponer sobre las Universidades Públicas hace falta señalar que la subejecución y el desfinanciamiento alcanzan también a las obras de infraestructura. Ello genera un perjuicio presente y futuro, nos obliga a funcionar en forma inadecuada, a pagar alquileres onerosos, muchas veces significa la imposibilidad del dictado de carreras o su desarrollo en condiciones de gran precariedad, el hacinamiento de estudiantes o la obsolescencia de aulas y equipamientos. El ajuste afecta además a los programas de becas, a los programas destinados a atender los requerimientos de universidades nuevas, a la inversión en ciencia y tecnología, al desarrollo o mantenimiento de hospitales universitarios, entre otros. Esta situación se da acompañada por acciones de judicialización y de desprestigio que operan sobre la imagen social de las Universidades Públicas con el objetivo de legitimar lo que está aconteciendo.

Cabe señalar que las Universidades Públicas han crecido en términos de estudiantes, según las estadísticas oficiales, a un ritmo del 1,6% anual en la última década y sería deseable su expansión por el aporte que generan para el desarrollo personal y social y, asimismo, por las mayores demandas educativas que exige el mercado laboral debido al avance tecnológico que sustituye los trabajos menos calificados. Por ende, las Universidades Públicas requerirán inevitablemente más recursos en el futuro pero, paradójicamente, sus fondos en lugar de crecer están mermando. //


Nota perteneciente a octubre/73: edición Nº37, año VI. Agosto de 2018