Estado Nacional y Educación Pública

El maestro debe inspirar a sus alumnos un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado, y estimar en más la calidad de americano a la de extranjero (Manuel Belgrano)

Por Elio Noé Salcedo

Hasta la promulgación de la ley de Educación Común de 1884, diversas circunstancias derivadas de la lucha civil entre dos modelos contrapuestos de país impidieron la conformación de un sistema educativo público para todo el territorio nacional y para todos sus habitantes. Ello recién tuvo lugar con la creación del Estado Nacional en los últimos tramos del siglo XIX.
Tan estrecha es la relación entre Estado y Educación, que ya Manuel Belgrano, Secretario del Consulado en 1796 y a la vez hombre comprometido con la comunidad de su tiempo, en un país de raíz agropecuaria, entendía que no había método más eficaz para promover la agricultura que la educación de los agricultores. Por ello proponía fundar una Escuela de Agricultura; dependiendo de la riqueza producida por el agro, se desarrollaría la Industria y el Comercio, para lo cual preveía también la creación de escuelas especializadas en esos otros rubros multiplicadores de la riqueza.
Sería durante el Gobierno del Gral. San Martín en Cuyo (1814-1817) y de su Tte. Gobernador Ignacio De la Roza en San Juan (1814-1820), en pleno proyecto independentista, que se fundaría la Escuela de la Patria a nivel local, a la que asistían todos los niños de su época, como relata el propio Sarmiento en Recuerdos de Provincia.
Durante su presidencia (1868-1874), el gran propagandista de la educación pública, aunque no llegó a sancionar una norma nacional sobre Educación, fundó escuelas públicas en toda la República con recursos del Tesoro, que hasta entonces era solo usufructuado por porteños y bonaerenses. Aunque tampoco la ley de Educación Pública surgió en la presidencia de su sucesor, Nicolás Avellaneda, que había sido además su Ministro de Justicia e Instrucción Pública. Fue recién con la federalización de Buenos Aires en 1880 y la creación del Estado Nacional que se pudo hacer realidad la Ley 1.420 de Educación Común, laica, gratuita y obligatoria, marcando así la importancia del Estado en su función de máximo garantizador de la Educación Pública de un país.
El Movimiento Reformista de 1918 bregaría por los mismos derechos a nivel universitario con aliento estatal, logrando la gratuidad de la enseñanza en 1949 de mano del Estado argentino. El mismo impulso estatal recibirían los Colegios Preuniversitarios (hoy son tres en la UNSJ), las Universidades Populares, la Universidad Obrera Nacional (luego Universidad Tecnológica Nacional), que llevarían a la práctica tanto a nivel medio como superior la escuela de oficios industriales de Manuel Belgrano. Y así llegamos también a las 57 universidades públicas actuales.

El nacimiento de la Educación Pública
La Ley 1.420 estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual, al alcance de todos los niños del país y de cualquier sector social. Al momento de la sanción de la ley, sabía leer y escribir menos de uno de cada cinco habitantes. Treinta años después, al conmemorarse el Centenario, ya dos de cada tres argentinos sabían leer y escribir.
Adolfo Prieto, investigador de origen sanjuanino de reconocimiento internacional, es contundente en eso: “Bastará informarnos –señala- sobre la formidable producción de material impreso que empezó a circular desde comienzos de la década del 80, para entender que la capacidad de lectura creada por la escuela pública era ya, por entonces, un dato de la propia realidad”, constituyéndose en “el primero de los instrumentos de modernización puestos en práctica en la Argentina”.
“Nada más interesante que el espectáculo que presenta el vastísimo salón de la biblioteca del municipio en las horas de mayor concurrencia… -afirma una reseña de 1887 sobre Bibliotecas Populares en Buenos Aires-: “todos con la vista clavada sobre las páginas abiertas de un libro… reconociéndose iguales delante de este gran nivelador por excelencia”.
Digamos de paso, que las Bibliotecas Populares fueron también resultado de una política de Estado, que comenzó a ser sistemática en la presidencia provinciana de Sarmiento, siguió en la de Avellaneda y se consolidó con la del tucumano Roca con la promulgación de la Ley de Educación Común, que en menos de 30 años logró la alfabetización de todo el territorio argentino: en 1910, el porcentaje de analfabetismo había bajado al 4%, en una población aproximada de seis millones de habitantes.
“La conformación de un mercado de producción, circulación y consumo de bienes culturales y las campañas de alfabetización y escolarización implementadas por el Estado, como la Ley de Educación Común de 1884 y la Ley Láinez de 1905 –confirma Beatriz Cecilia Valinoti (UBA/INIBI)-, permitieron la ampliación del público lector”. En 1898, consignaba un informe del diario La Nación: “La rama más importante del comercio de libros en la República Argentina es la de la enseñanza, sobre todo primaria, que abarca más del cincuenta por ciento de los negocios”.
En lugar de neutralizar la actividad privada, la decidida intervención del Estado la había potenciado, siendo una constante en la realidad argentina, a pesar del mito que una y otra vez ha intentado implantar el neoliberalismo y que, paradójicamente, esos sectores beneficiarios y usufructuarios de las políticas intervencionistas combaten, perjudicándose cuando el Estado se retira de esa esencial función motora… Gracias a esa función del Estado, nuestro país alcanzó, en sus cuatros niveles, el prestigio educativo que le ha sido reconocido en todo el mundo. //

Elio Noé Salcedo es Diplomado en Historia Argentina y Latinoamericana.

Nota perteneciente a octubre/73: edición Nº37, año VI. Agosto de 2018