Una ley, todas las leyes
A lo largo de los años, las universidades nacionales se han regido por distintas leyes, que son el reflejo no sólo de un modelo de Estado para cada época, sino del sentido que se le daba en cada etapa a la educación superior.
Por Susana Roldán
Un documento elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, publicado en http://iec.conadu.org.ar/files/publicaciones/1417032509_leyes-universitarias.pdf (Pedro Sanllorenti-Enrique Andriotti) reúne toda la legislación existente en la Argentina, en lo que se refiere a funcionamiento de las universidades. De ese trabajo, se escogen aquí párrafos para graficar los distintos momentos por los que atravesaron las universidades, las diferentes miradas acerca de la educación superior y sirven como base para entender el debate actual, con miras a una futura ley que resguarde los principios de Cartagena de Indias, tal como han expresados los rectores de las UU.NN.
Ley 1597: El primer intento de establecer pautas de funcionamiento y reglas generales para las Universidades Nacionales fue la Ley 1.597, publicada en junio de 1885 y conocida como Ley Avellaneda. El contexto de aparición de esta ley lo constituía la denominada “República Conservadora” que se debatía entre la modernización de la sociedad y el mantenimiento de estructuras de poder económico, y sobre todo político, que beneficiaban claramente a una elite oligárquica a nivel nacional. En ese entonces existían sólo dos Universidades Nacionales (Córdoba y Buenos Aires) donde estudiaban los representantes de la elite política y constituyen el trasfondo necesario para la comprensión de dicha ley que estuvo vigente durante la Reforma Universitaria de 1918 y continuó hasta la sanción de Ley Nº 13.031 en 1947.
Ley 13.031: Primera ley de educación del gobierno justicialista. Tras 15 años de democracias restringidas e intervenciones militares sobre los gobiernos civiles, en 1946 el Congreso sancionó una nueva Ley de Educación Superior que puso a las universidades bajo la órbita de las reglas de una democracia sin proscripción. Para eso, y marcando un hito en la historia de la legislación sobre educación superior, el peronismo dictó en 1947 la Ley Nº 13.031, denominada Ley Guardo, en honor al diputado justicialista creador de su articulado. Esta legislación puso punto final a la larga vigencia de los cuatro artículos de la reducida Ley Nº 1.597 de 1885, “Ley Avellaneda”, que ofició de marco legal hasta entonces.
1949: Con la intención de atender a algunos planteos de los universitarios e incorporar avances de la ley sancionada en 1947 y sentar las bases para una nueva Ley, se incorpora un artículo en la Constitución Argentina de 1949. Una vez sancionada la Constitución y también en el año 1949 se suprime mediante el Decreto Nº 29.337, por primera vez en nuestro país, el arancelamiento universitario.
Ley 14.297: En el año 1954 se sanciona una nueva Ley, la 14.297. En ella se incorporan algunos otros postulados de la Reforma Universitaria, como la definición de la extensión y la participación directa de los estudiantes. A diferencia de la ley de 1947, esta ley profundiza la participación estudiantil en el gobierno de las Facultades, otorgándoles el derecho al voto.
Ley 20.654: La idea de la universidad como pilar de desarrollo articulaba una similitud entre muchas diferencias. En las universidades esto era latente, y las tensiones de época se expresarían en la ley 20.654 sancionada en Marzo de 1974 que las imaginaba al “servicio del proceso de liberación nacional”. La responsabilidad en la designación de los profesores quedaba totalmente en manos de los Consejos Superiores mientras que los salarios continuaban fijándose desde el Poder Ejecutivo Nacional. Las sucesivas intervenciones de las universidades volvieron impracticable la aplicación de esta ley.
1983: Tras la genocida dictadura militar que asoló al país entre 1976 y 1983, la Argentina intentó retomar la senda democrática. Este camino plagado de dificultades durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) demoró bastante el planteo de una política clara y nueva legislación para las Universidades Nacionales. Dos leyes universitarias caracterizan este período: la Ley Nº 23.068, de Normalización, y la Ley Nº 23.569, del Régimen Económico Financiero de las Universidades Nacionales.
1989: La discusión de fondo sobre la legislación universitaria llegaría finalmente durante el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem (1989-1999). En 1995 se sanciona la Ley de Educación Superior, donde consagra la transferencia de la responsabilidad patronal al interior de cada universidad, se prevé la posibilidad de arancelar los estudios de grado, se establecen criterios de conformación de los órganos de gobierno universitario, se genera la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)- y se perfecciona, liberaliza y promueve con mayor énfasis que en 1958 el sistema privado de educación superior.
2015: Aunque la Cámara de Diputados había aprobado en 2013 una modificación a la LES, no fue sino hasta 2015 en que Senadores hizo lo propio. Esta modificación establece, entre otros criterios, la responsabilidad principal del Estado en el financiamiento de la educación superior y la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas. //